El Estado Argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Presentamos parte de una investigación que se desarrolla desde el año 2011 en el ámbito de la SecTyP –UNCuyo denominado “El Estado argentino frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos". Su eje lo constituye el impacto del Sistema de Interamericano de Derechos Humanos en el ordenamien...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Lavado, Diego Jorge
Otros Autores: Lecour, Lucas Germán
Formato: documento de conferencia Documento de conferencia acceptedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: 2015
Materias:
Acceso en línea:http://bdigital.uncu.edu.ar/7764
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description Presentamos parte de una investigación que se desarrolla desde el año 2011 en el ámbito de la SecTyP –UNCuyo denominado “El Estado argentino frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos". Su eje lo constituye el impacto del Sistema de Interamericano de Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico de la República Argentina como miembro de la Organización de Estados Americanos. En los últimos 30 años nuestro país ha sido objeto de numerosos y relevantes pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por graves violaciones producidas a partir de que reconocimos la competencia contenciosa de ese tribunal internacional. Cabe destacar, además, que la provincia de Mendoza ha sido objeto de especial atención para los órganos del sistema interamericano ya que de 15 pronunciamientos en los que fue parte el estado argentino (referidos a casos contenciosos y medidas provisionales), 3 de ellos involucran a agentes estatales de nuestra provincia. Más aún, no resulta un dato menor que la primera sentencia de la Corte IDH donde se condenó a la Argentina fue motivada por la desaparición de dos ciudadanos mendocinos en 1990, luego de que fueran detenidos por miembros de la Policía de Mendoza en el Parque General San Martín, a pocos metros de la Universidad Nacional de Cuyo. Años más tarde, en 2004, el máximo Tribunal Interamericano dispuso Medidas Provisionales para proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en los establecimientos carcelarios de nuestra provincia lo que derivó en un trascendente cambios en la política penitenciaria local, la construcción de un nuevo establecimiento y la creación de la Comisión Provincial para Prevenir la Tortura por ley provincial n° 8.284. Finalmente en el año 2010 la Corte IDH condenó nuevamente al estado argentino porque jueces de nuestra provincia impusieron penas de prisión perpetua a personas menores de 18 años violando así no sólo el Pacto de San José de Costa Rica sino también la Convención Internacional de Derechos del Niño. Además nos resultaba de sumo interés realizar un seguimiento sobre la proyección que estos pronunciamientos han tenido en el ámbito interno del estado argentino, tanto a nivel legislativo como judicial, o la modificación de prácticas institucionales y políticas publicas tendientes a compatibilizar estas últimas con las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país al ratificar los tratados internacionales sobre derechos humanos. Entendemos que estas particulares circunstancia justifican una investigación pormenorizada de cada intervención que nuestro país frente al tribunal interamericano las gravitaciones que ello ha tenido en las reformas institucionales que fueron su consecuencia. Para efectuar esa tarea conformamos un equipo integrado por docentes, egresados y alumnos de nuestra Facultad que a lo largo de estos años han mostrado un sostenido compromiso con los temas que aquí se desarrollan. A lo largo de este proyecto, además de acceder a las sentencias e informes de la Corte IDH y de la CIDH hemos podido analizar otras piezas relevantes de los propios expedientes (como son los escritos de demanda, las contestaciones de las mismas por parte del Estado argentino, los aportes de los representantes de las víctimas, testimonios e informes periciales) merced a las nuevas herramientas digitales incorporadas en la página web del órgano jurisdiccional interamericano. Todo ello resultó de especial relevancia para contar con información que no se encuentra volcada en las resoluciones del tribunal interamericano. Para circunscribirnos a la muestra temporal que abarcan estas jornadas nos propusimos realizar una análisis crítico y profundo de las circunstancias que motivaron la declaración de responsabilidad internacional en algunos casos contenciosos que decidió el Alto Tribunal de la OEA, como así también las Medidas Provisionales en que el país fue parte, en el periodo 2001-2015. De allí surgió el estudio de los casos contenciosos que tuvieran relevancia penal tales como: “Bulacio" (2003), Bueno Alves" (2007), Kimel (2008) y “Bayarri" (2008); “Torres Millacura" (2011), “Mohamed" (2012), “Mendoza y otros" (2013), Gutiérrez y flia (2013). Asimismo se analiza el procedimiento de Medidas Provisionales adoptadas por la Corte IDH en favor de los internos de las penitenciarías de Mendoza (20042011). El equipo de investigación que participó en la elaboración de esta ponencia se encuentra integrado por Diego Jorge LAVADO, Lucas Germán LECOUR, Andrés Javier ROUSSET SIRI, Sergio SALINAS GIORDANO, Daniel RODRÍGUEZ INFANTE y Milagros NOLI.