| Sumario: | La comunidad internacional reconoce el imperativo del desarrollo humano
y social en numerosos instrumentos normativos. En el caso particular de la
infancia, la mayoría de los países ratificaron la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), y han asumido compromisos frente a los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ONU, 2000). Con respecto a la primera infancia, se
destacan los objetivos y las metas establecidas en el marco de foros y conferencias de la Unesco y la OEI en la última década, en relación con la expansión y la mejora de los sistemas de cuidado y educación, con particular énfasis
en las infancias más vulnerables.1
Al mismo tiempo, se han sancionado numerosas leyes de protección de derechos y se ha progresado en la adopción de
Sistemas Integrales de Protección de la infancia.
El amplio reconocimiento internacional y los compromisos asumidos por
los Estados constituyen un imperioso desafío en términos de garantizar una ciudadanía plena para la infancia. El ejercicio de una ciudadanía plena por
parte de los niños y las niñas supone establecer una nueva relación entre
el Estado y la sociedad con la infancia, que considere al niño y a la niña independientes, titulares de derechos propios, con derechos especiales por su
condición particular de desarrollo y con los mismos derechos que todas las
personas (Grosman, 1994).
Lo fundamental es que, en estos instrumentos legales, los Estados reconocen que el sostenimiento de la vida y el desarrollo infantil requieren contar
con un conjunto integrado de factores económicos, sociales y culturales favorables. Esta relación, si bien tiene validez universal, adquiere especial relevancia cuando se trata de proteger el derecho a vivir una niñez plena en términos de desarrollo de capacidades humanas. Implica el derecho a un medio
ambiente adecuado para la vida, el derecho a la alimentación, a una vivienda
digna, a la atención de la salud, a una educación de calidad. El derecho a poder vivir con su familia, compartir juegos, acceder a estímulos emocionales e
intelectuales, en condiciones socialmente adecuadas. Así es como los desafíos
son relevantes para los Estados y las sociedades de los países de la región.
En la última década, América Latina ha experimentado un crecimiento
económico sostenido, con sus divergencias y dinámicas específicas. Se estima
que la región alcanzó un crecimiento anual promedio de casi 5% en el período
2003-2008 (OCDE-Cepal, 2011). En particular, el incremento de los precios
de los productos primarios exportados fortaleció la estabilidad macroeconómica y facilitó recursos para que los gobiernos implementaran políticas para
amortiguar los efectos de la crisis 2008-2009 sobre la pobreza...
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